La noticia impactó con fuerza en la Legislatura. Durante la mañana de ayer, la mayoría de los parlamentarios prefirió no emitir su opinión respecto de la detención en Santiago del Estero de su par Emiliano Vargas Aignasse (FpV). Recién con el correr de las horas pudo conocerse la postura de oficialistas y opositores.
Desde las distintas bancadas enfrentadas al Gobierno provincial consideraron que Vargas Aignasse debería pedir una licencia y que la Cámara debería analizar si le cabe una sanción. El oficialismo, en tanto, opinó que es preciso esperar a saber qué determinación tomará la Justicia Federal en la causa que involucra al legislador. “La Legislatura no puede quedar sumida en el silencio o mirar para otro lado, porque no es la primera vez que este legislador es noticia por sus actos irregulares. Debería convocarse a un plenario en las primeras semanas de febrero en donde este tema sea tratado y dictaminarse una sanción para Vargas Aignasse”, aseguró el parlamentario Alberto Colombres Garmendia (PRO). Según el macrista, Vargas Aignasse podría enfrentar una suspensión o incluso la expulsión.
El radical Fernando Valdez, por su parte, hizo hincapié en la reacción que Vargas Aignasse habría tenido al divisar el control caminero y al ser alcanzado por los uniformados santiagueños. “Es indigna de la función legislativa la prepotencia que tuvo con el personal policial. Es incluso más grave que su adicción. Eso por sí solo amerita evaluar su conducta”, aseveró.
Según los parlamentarios, el episodio que protagonizó el hermano de la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, debería ser analizado a partir del artículo 132 del reglamento interno de la Legislatura (referido a faltas graves), que remite al artículo 58 de la Constitución provincial. Ese apartado de la Carta Magna faculta al cuerpo legislativo a remover e incluso excluir a cualquier legislador “por inhabilidad física o moral”.
El radical Ariel García, vicepresidente segundo de la Legislatura, consideró que el peronista debería someterse a un tratamiento por una supuesta drogadicción. “Debería pedir una licencia y hacer un tratamiento por su adicción, para que la sociedad lo tome como un ejemplo”, afirmó, aunque recordó que está vigente la Ley N° 7240, que establece que funcionarios públicos y parlamentarios deben realizarse un test de detección de drogas ilegales.
“El Gobierno tiene que hacer cumplir esa ley. Si queremos luchar contra las adicciones tenemos que empezar a demostrar que no somos cómplices, que estamos alejados de las drogas”, indicó el legislador.
Por el lado del bloque oficialista “Tucumán Crece” sólo emitieron su opinión Julio Silman y Guillermo Gassenbauer, presidente subrogante y vicepresidente primero de la Cámara, respectivamente. “La Legislatura va a obrar en consecuencia nos marque el camino el Poder Judicial, tomando las medidas que haya que tomar”, aseguró Silman mediante un escueto comunicado enviado por WhatsApp. Gassenbauer, en tanto, manifestó: “vamos a esperar lo que diga la Justicia. Tenemos que informarnos bien, saber cómo ha sido la situación en realidad”.